PDI reconoce freno en plan de expulsiones: 6 mil venezolanos no pueden ser deportados por falta de relaciones con Caracas

La Policía de Investigaciones (PDI) reveló un complejo escenario para la política de seguridad nacional al reconocer ante el Senado que 6 mil ciudadanos venezolanos no pueden ser expulsados del país. Esta situación representa la mayor traba estructural para el plan de deportaciones impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, evidenciando las limitaciones operativas frente a la crisis migratoria.

Durante una sesión en la comisión de Gobierno de la Cámara Alta, las autoridades policiales confirmaron que, pese a la voluntad del Ejecutivo de endurecer las medidas, la ruptura de canales con la administración de Nicolás Maduro mantiene paralizados los procesos de retorno hacia dicho país desde junio de 2025.

El "cuello de botella" en la PDI

El debate se dio en el marco de la tramitación del proyecto que busca tipificar como delito el ingreso clandestino a Chile. Fue en esta instancia donde el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, detalló la imposibilidad técnica de ejecutar las órdenes judiciales y administrativas pendientes.

Al ser consultado por la senadora Danisa Astudillo, León fue enfático en señalar que la falta de cooperación internacional es el factor determinante. "No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan", afirmó el prefecto ante la comisión.

Esta cifra de 6 mil personas en espera se traduce en un "cuello de botella", considerando que la población venezolana representa una parte significativa de las órdenes de expulsión vigentes en el territorio nacional.

Costos operativos y falta de vuelos

La problemática no solo es diplomática, sino también financiera. Según antecedentes técnicos discutidos en el Congreso, el costo de cada expulsión asciende a cerca de $3 millones por persona, incluyendo logística, pasajes y escoltas policiales.

La semana pasada, el Gobierno concretó su primer vuelo de expulsión con 40 ciudadanos de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana. Sin embargo, ningún venezolano fue incluido en la nómina, lo que reavivó las críticas de diversos sectores sobre la viabilidad de una política de expulsiones masivas con un universo estimado de 300 mil migrantes en situación irregular.

Tensión política en el Senado

La revelación de la PDI llega en un momento clave, justo cuando la sala del Senado se prepara para votar en general la ley que criminaliza el ingreso por pasos no habilitados. Desde la oposición y sectores críticos, se cuestiona que las promesas de campaña del Ejecutivo choquen con la realidad presupuestaria y la nula respuesta de Caracas.

Por ahora, el plan de deportaciones masivas se mantiene sujeto a la posibilidad de reabrir canales de identificación con Venezuela, una gestión que, hasta la fecha, no presenta avances significativos, dejando en vilo la situación de miles de decretos de expulsión ya firmados.