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Contraloría detecta pago de subsidios a 168 fallecidos y arriendos a familiares en el Minvu

  • Martes 25 de agosto de 2026
  • 14:42 hrs

Una auditoría reveló irregularidades en el programa "Integración Urbana de Campamentos" del Minvu. Se pagaron más de $110 millones a beneficiarios muertos y se detectaron arriendos entre cónyuges y familiares directos.

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la entrega de subsidios de arriendo del programa "Integración Urbana de Campamentos", administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), entre enero de 2025 y marzo de 2026.

El Informe N° 314 de 2026 reveló que 168 beneficiarios de esta ayuda estatal se encontraban fallecidos. El organismo advirtió que la Subsecretaría de Vivienda demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos. Esta situación generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.

El programa gubernamental cuenta con financiamiento parcial a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$120 millones, con una ejecución prevista de cuatro años.

Arriendos a familiares y cónyuges

La auditoría también detectó que 172 beneficiarios arrendaban viviendas a familiares cercanos. Esto incumple las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases, involucrando montos por $110.487.033.

A esto se suman 19 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación incompatible con los requisitos. Los pagos efectuados en estos casos alcanzan los $14.405.016.

La Contraloría constató además que dos personas continuaron percibiendo el beneficio de arriendo pese a haber recibido una vivienda definitiva durante 2024. Los desembolsos en estas situaciones ascienden a $3.539.119.

Sumario administrativo

Frente a estos hallazgos, el ente contralor instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían las condiciones.

Finalmente, la entidad deberá concluir el procedimiento disciplinario ya iniciado. Este sumario busca determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas.