'Un asado era un millón de pesos': a prisión exfuncionarios públicos que recibieron millonarios sobornos en caso Castillo de Naipes

La directora de Obras Municipales de Longaví, Valeria Arancibia, y el arquitecto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Rodrigo Ibacache, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados este miércoles por su presunta participación en un millonario fraude al Fisco que afectó a organismos de la Región del Maule.

Ambos funcionarios, que se mantenían prófugos en el marco de la denominada "Operación Castillo de Naipes", se entregaron voluntariamente ante el Juzgado de Garantía de San Javier. Durante la audiencia, el fiscal jefe de la comuna, Patricio Caroca, les imputó cargos por estafa, fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de lavado de activos.

El caso, que cuenta con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como parte querellante, investiga un perjuicio estimado en $3.000 millones que afectó a municipalidades de la provincia de Linares y al Gobierno Regional del Maule.

Según detalló la Fiscalía, una red criminal vinculada a una empresa constructora operaba mediante el cobro en factoring de facturas ideológicamente falsas o con órdenes de compra falsificadas. Esto se sumaba al pago de sobornos a empleados públicos a través de transferencias electrónicas. De los fondos defraudados, cerca de $160 millones habrían sido enviados al extranjero.

Pese a la oposición de las defensas, que cuestionaron la existencia de los delitos y la necesidad de cautela, el juez (s) Patricio Troncoso acreditó los ilícitos, a excepción del cargo de agrupación criminal, y determinó el ingreso de Ibacache al Complejo Penitenciario de Talca y de Arancibia al Centro Penitenciario Femenino de la misma ciudad. El magistrado consideró atenuantes como la irreprochable conducta anterior, pero justificó la medida por el riesgo de reiteración y peligro de fuga.

Con esta resolución judicial, los 12 implicados en la causa, entre empresarios y funcionarios públicos, se mantienen en la cárcel cumpliendo prisión preventiva. El tribunal ratificó además el plazo de investigación de cuatro meses, decretado inicialmente para el primer grupo de detenidos.